Argentina se está quedando sin hijos.
La Tasa Global de Fecundidad (TGF) es el número de hijos que en promedio tendría cada mujer al final de su vida reproductiva.
Para que una población se mantenga estable en el tiempo, sin disminuir su volumen, la TGF debe ser 2,1 (bajo el supuesto de mortalidad constante y ausencia de migración).
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La TGF de Argentina es 1,54 para 2020. Si bien no hace mucho que descendió del nivel de reemplazo poblacional (2,1), la caída fue abrupta desde el 2015, año en el disminuyó drásticamente el número de nacimientos.
En concreto, la TGF en Argentina cayó un 35% en los últimos 6 años (entre 2014 y 2020, ver gráfico debajo de estas líneas); mucho más de lo que disminuyó los 34 años comprendidos entre 1980 y 2014.
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Proceso de una tragedia
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El proceso no ha sido casual, sino que diversas medidas han coincidido y cooperado claramente con este descenso:
- En 2015 el Ministerio de Salud de Cristina Fernández redactó el Protocolo de aborto.
- En 2017 el gobierno de Cambiemos implementó el Plan ENIA para reducir el embarazo adolescente (consejerías en salud sexual y aborto).
- En 2018 Macri abrió el debate legislativo sobre aborto y si bien no prosperó, produjo un cambio cultural que aumentó la demanda. Simultáneamente la ANMAT aprobó el uso del misoprostol como abortivo y poco después autorizó su venta en farmacias.
- Durante 2020 Alberto Fernández paralizó todo menos la llamada «salud reproductiva». A poco de comenzado el confinamiento estricto Juan Carlos Escobar, coordinador del área de adolescencia del Ministerio de Salud, anunció que el acceso al aborto eran «servicios esenciales» que quedaban fuera de las restricciones impuestas por el Covid.
- Este año 2022 se podrá observar el impacto que la Ley de aborto –impulsada por Fernández y sancionada a fines de 2020- tuvo en 2021 sobre los indicadores de fecundidad y natalidad. Y a eso se sumarán después los combos abortivos (mifepristona + misoprostol) que comienzan a utilizarse y las nuevas formas de distribución de los insumos de «salud reproductiva» para cumplir con lo que el Fondo de Población llama la garantía del «último tramo», es decir, la llegada eficaz de los insumos a las usuarias.
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